Medellín, Colombia La seguridad y las garantías para el ejercicio político vuelven al centro del debate nacional, en medio de crecientes alertas por amenazas contra líderes sociales, candidatos y movimientos políticos en distintas regiones del país.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reiterado su compromiso con la protección de la vida y la democracia, mientras sectores de oposición y organizaciones sociales advierten sobre un deterioro del orden público que podría afectar el proceso electoral y la participación ciudadana.
Desde el Congreso de la República se han elevado solicitudes para reforzar los esquemas de seguridad, acelerar investigaciones judiciales y garantizar que ningún actor armado influya en la política nacional. La situación es especialmente delicada en departamentos como Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Analistas señalan que el actual panorama representa uno de los principales retos del Ejecutivo: avanzar en reformas estructurales sin descuidar la seguridad, en un contexto marcado por tensiones políticas, polarización y conflictos armados persistentes.
¿Por qué es clave este tema?
La estabilidad democrática y la confianza ciudadana dependen, en gran medida, de que el Estado garantice elecciones libres, seguras y sin intimidación, un factor decisivo de cara a los próximos comicios.
