El Gobierno aceptó recortar 10 billones al Presupuesto General 2026: de $557 a $547 billones. No fue por convicción austera, sino por realidad política: sin votos en comisiones económicas, el oficialismo tuvo que retroceder. Bienvenido el ajuste, pero insuficiente frente a la fragilidad fiscal.
Aún peor, el Ejecutivo amagó con que, si no hay acuerdo antes del 15 de septiembre, podría imponer cifra por decreto: un atajo que erosiona el control del Congreso y le resta legitimidad al gasto. El equilibrio de poderes exige deliberación, no ultimátums.
Para remate, el Gobierno vende épica en deuda y reformas mientras la credibilidad se desgasta: recorta intereses “en el papel” y promete más recaudo sin sustento. La ortodoxia reclama lo obvio: priorizar inversión efectiva, reducir burocracia y blindar seguridad jurídica; menos anuncios, más ejecución.
Nuestro enfoque: sí a la austeridad responsable; no a los cheques en blanco. El país necesita reglas claras, señales pro-mercado y una trayectoria de déficit a la baja. El recorte de 10 billones es un paso; falta la agenda seria: reforma del Estado, eficiencia del gasto y disciplina fiscal de verdad.
El recorte de 10 billones es un paso; falta la agenda seria: reforma del Estado, eficiencia del gasto y disciplina fiscal de verdad.
