El Gobierno abrió la puerta a reactivar fumigación aérea (con drones) y endurecer la acción contra estructuras armadas. Paradójico, pero necesario: el propio presidente había denostado esas herramientas; hoy la realidad impone autoridad.
La Corte condicionó cualquier aspersión a criterios científicos y ambientales; cumplidos estos, no hay tabú: el Estado debe recuperar el territorio. Quien manda no son los narcos ni las “asonadas” que secuestran soldados; manda la ley. El doble rasero condenar ayer lo que hoy se invoca resta coherencia, pero no invalida la urgencia de actuar.
Nuestra postura es clara: apoyo a la Fuerza Pública, inteligencia focalizada, fumigación quirúrgica donde proceda, erradicación manual protegida y judicialización real de cabecillas. Basta de romanticismo con economías ilegales. Sin seguridad, no hay inversión ni empleo.
