La llamada “reforma a la salud” del gobierno Petro está dando sus últimos respiros en el Congreso. Después de más de un año de imposiciones, discursos incendiarios y una estrategia que trató de desmantelar el sistema sin un plan real de reemplazo, la realidad política le pasa factura al proyecto más ambicioso y más improvisado de la Casa de Nariño.
Una reforma sin rumbo ni respaldo
El Gobierno prometió una “transformación histórica” del sistema de salud, pero lo que ha mostrado es una reforma sin técnica, sin consensos y sin norte. La ministra de Salud —y ahora el propio presidente— insistieron en reemplazar las EPS por “gestoras públicas”, sin explicar con claridad cómo se administrarán los recursos, quién garantizará la atención ni cómo se sostendrán financieramente los hospitales.
La idea, presentada como un acto de justicia social, terminó convertida en un laberinto burocrático lleno de improvisaciones. Hoy, las mismas comunidades que Petro decía defender están más confundidas que nunca, mientras los profesionales de la salud advierten que el sistema podría colapsar si se aprueba el modelo estatal que propone el gobierno.
El Congreso le da la espalda
En el Senado, la reforma se encuentra virtualmente muerta. Ni siquiera las bancadas de izquierda más cercanas al petrismo han logrado unirse detrás del texto. La oposición, los gremios médicos y la mayoría de los expertos en salud coinciden: la iniciativa no soluciona los problemas del sistema, los agrava.
El país observa un Congreso desgastado y dividido, en el que el Gobierno insiste en revivir un proyecto que ya perdió legitimidad. El presidente Petro, fiel a su estilo, no ha dudado en culpar al “establecimiento”, a los medios y a las EPS de frenar su revolución sanitaria. Pero la verdad es otra: fue su falta de técnica y su exceso de ideología lo que sepultó la credibilidad del proyecto.
El costo político del dogmatismo
En lugar de abrir un diálogo serio con los sectores de la salud, el presidente apostó por la confrontación. Acusó a los críticos de “defender intereses privados” y se negó a aceptar que la descentralización y la participación de las EPS fueron precisamente lo que permitió que Colombia tuviera uno de los sistemas de salud más eficientes de América Latina.
Hoy, mientras el proyecto agoniza, los hospitales públicos siguen quebrados, las EPS en liquidación están sin dirección, y el país enfrenta un riesgo real de crisis asistencial. Petro prometió acabar con la corrupción y garantizar atención universal; lo que logró fue sembrar incertidumbre, ahuyentar la inversión y paralizar el sistema.
El espejismo del Estado salvador
Detrás del discurso de “recuperar lo público” se esconde una vieja tentación: concentrar el poder en el Estado y convertir la salud en un instrumento político. La reforma pretendía que el dinero pasara directamente por manos del gobierno, eliminando la intermediación, pero también los mecanismos de control. En otras palabras, el remedio era peor que la enfermedad.
Expertos en economía advierten que el modelo propuesto no tiene cómo financiarse. El déficit del sistema superaría los 10 billones de pesos anuales y abriría un hueco fiscal imposible de cubrir sin recortes sociales o nuevos impuestos.
La derrota de una visión radical
La “reforma de la vida”, como la llamó Petro, termina convertida en el símbolo de su fracaso legislativo. La gente no quiere revoluciones ideológicas, quiere un sistema que funcione, que los atienda, que no los deje esperando una cita durante meses.
Colombia no necesita destruir su sistema de salud para mejorarlo. Lo que necesita es corregir los abusos, modernizar la gestión hospitalaria y fortalecer la atención primaria sin desmontar lo que ha dado resultados.
El presidente Petro quiso imponer su modelo socialista en un país que ya probó —con dolor— los límites del estatismo. Hoy, su reforma agoniza porque nunca fue una política de salud: fue un experimento ideológico disfrazado de justicia social.
El país respira, la reforma no
El fracaso de la reforma a la salud no es solo una derrota para el Gobierno: es un respiro para millones de colombianos que temían ver derrumbado uno de los pilares más funcionales del Estado moderno.
La salud no se improvisa ni se gobierna con consignas. La salud se gestiona con técnica, transparencia y responsabilidad.
Y esa precisamente ha sido la gran ausencia del gobierno Petro.

