Un hecho de alto costo político
La designación OFAC contra el presidente Gustavo Petro y parte de su entorno traza una línea roja en la relación con Washington. La medida bloquea activos, restringe operaciones y envía una señal adversa a bancos y empresas con exposición a EE. UU. Para un gobierno que busca inversión y cooperación, la alerta es inmediata.
La vara con la que se mide
La Lista Clinton ha incluido a El Chapo Guzmán, Osama bin Laden y Nicolás Maduro; el paralelo es devastador para la reputación de cualquier administración. No es un comunicado menor ni un gesto simbólico: es un riesgo sistémico que puede contaminar convenios, universidades, ONGs y proveedores que dependen de banca corresponsal.
Señal al mercado
Entidades financieras tienden al de-risking: cortar vínculos antes que exponerse a sanciones. Exportadores, fintechs y proyectos con fondeo internacional podrían enfrentar trámites más lentos, costos mayores y cierres de puertas. El golpe rebota en el Valle de Aburrá, nodo logístico y académico con alta interacción exterior.
Exigencias de transparencia
Frente a un episodio de este calibre, un gobierno serio muestra cronogramas de cooperación, entrega documentos verificables y toma decisiones administrativas si corresponde. La defensa por redes sociales no suple la trazabilidad que exigen los socios y los mercados. Mientras tanto, Benedetti repite que “nunca ha entrado a la casa de un solo narcotraficante”, una frase que no despeja las dudas de los aliados
