El contratista del carrusel y de Centros Poblados alegó problemas de salud cuando la Dijín lo ubicó en una clínica de Barranquilla. Un juez ya le había revocado la libertad condicional y ordenado captura inmediata.
La justicia actuó. Agentes de la Dijín capturaron este viernes al contratista Emilio Tapia en la Clínica Altos del Prado, en Barranquilla, para hacer efectiva la orden de captura vigente y que el condenado continúe pagando sus penas por escándalos de corrupción que le han costado miles de millones al país. Tapia informó a las autoridades que se encontraba en el centro médico y adujo quebrantos de salud en el momento de la detención.
El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó el 10 de octubre su libertad condicional y dispuso la captura inmediata, al considerar que no había méritos para mantener beneficios judiciales. La decisión fue ampliamente reportada por medios nacionales y zanja de momento la discusión: Tapia debe regresar a prisión.
La caída de Tapia es simbólica. Se trata del llamado “zar de la contratación”, pieza clave tanto en el carrusel de la contratación en Bogotá como en el fraude de Centros Poblados, dos golpes demoledores a la confianza pública. No son “errores administrativos”: fueron estructuras para saquear recursos, manipular licitaciones y burlar controles, con consecuencias en obras inconclusas y conectividad rural perdida.
El intento de convertir un hospital en refugio judicial no cambia la realidad: la ley es igual para todos. Corruptos que se han beneficiado de tecnicismos, dilaciones o “trucos” médicos deben enfrentar su condena completa. El mensaje que la ciudadanía exige —y que la autoridad hoy respalda— es contundente: no más privilegios, no más impunidad.
Lo que sigue es que la Fiscalía y los jueces aseguren que Tapia cumpla integralmente sus penas y que se avance en la recuperación de activos y en las responsabilidades de terceros. La captura en clínica podrá dar para titulares, pero el verdadero triunfo será que el dinero público vuelva a donde pertenece y que las redes de contratación corrupta se desmantelen hasta el último eslabón.
