La Fiscalía General de la Nación ha presentado un escrito de acusación formal contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y otros doce exfuncionarios y particulares, por el escándalo conocido como Aguas Vivas. El ente acusador señala que existió una verdadera “división de trabajo criminal” entre Quintero y su secretario general, Fabio Andrés García Trujillo, para modificar irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de favorecer intereses privados.
Detalles de la acusación
- Según el escrito de la Fiscalía, los acusados cambiaron el uso de suelo del lote Aguas Vivas, ubicado en El Poblado, Medellín, por medio del Decreto 412 de 2023, aun cuando sabían que excedía las competencias permitidas al alcalde y al secretario general.
- Además del delito de prevaricato por acción, se les imputan peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
- Se estima que el monto implicado y el valor del terreno objeto de la disputa superan los 40.000 millones de pesos, con variaciones significativas en su valoración y cambio de dueño, mediante cesión, compraventa y otros actos.
Reacciones y posicionamientos
- Quintero ha afirmado que la acusación tiene un trasfondo político, como parte de una estrategia para afectar su campaña presidencial.
- Por su parte, la Fiscalía sostiene que hay evidencia suficiente para llevarlo a juicio, basándose en declaraciones, documentos administrativos, decretos y pruebas que muestran conocimiento previo de las irregularidades.
Importancia institucional y jurídica
- Este caso pone en primer plano la legalidad del uso de los decretos municipales y las competencias de un alcalde frente al Concejo y los límites del ordenamiento territorial.
- También plantea preguntas sobre la separación de funciones, la transparencia, la rendición de cuentas en decisiones urbanísticas de alto impacto económico.
- El proceso judicial será clave no solo para la reputación de Daniel Quintero, sino para el fortalecimiento del sistema judicial e institucional de Medellín frente a casos de corrupción en grandes contratos y operaciones inmobiliarias.
