El testimonio periodístico será clave en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La sombra de la corrupción sigue acercándose al círculo presidencial.
El caso que salpica al hijo mayor del presidente Gustavo Petro tomó un nuevo giro judicial. Un juez aceptó como prueba formal la entrevista que Nicolás Petro concedió a la revista SEMANA, en la que afirmó que “no se iba a inmolar por su padre”.
El fragmento, que generó polémica en su momento, se convierte ahora en un elemento probatorio dentro del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en funcionario público, cargos que enfrenta el exdiputado del Atlántico y heredero político del mandatario.
La entrevista que se volvió contra él
Durante esa conversación con SEMANA, Nicolás Petro admitió tensiones familiares y políticas con su padre, el presidente de la República. Aunque intentó mostrarse como víctima de persecución mediática, varias de sus declaraciones son hoy consideradas autoincriminatorias por los investigadores.
Fuentes judiciales confirmaron que el material audiovisual y la transcripción completa de la entrevista fueron incorporados al expediente como prueba documental, lo que permitirá a la Fiscalía utilizar sus propias palabras en el juicio.
Un golpe simbólico para el Gobierno
El hecho tiene un peso político enorme: por primera vez, una entrevista periodística sobre el entorno presidencial es admitida como prueba judicial en un proceso de corrupción que toca directamente a la familia del jefe de Estado.
La defensa de Nicolás Petro había intentado excluir el material, argumentando que se trataba de “una conversación fuera del contexto procesal”. Sin embargo, el juez concluyó que la entrevista fue voluntaria, pública y relevante para esclarecer los hechos, especialmente porque revela contradicciones en sus versiones anteriores ante la justicia.
Escándalo sin cierre
El proceso contra Nicolás Petro ha sido un dolor de cabeza constante para el Gobierno Nacional, pues revive la discusión sobre los presuntos ingresos de dinero irregular a la campaña presidencial de 2022.
Aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido en que no intervendrá en los procesos judiciales de su hijo, la oposición sostiene que el caso erosiona la credibilidad moral y política del discurso anticorrupción del mandatario.
Mientras tanto, la justicia avanza, y con cada decisión aumenta la presión sobre el entorno más cercano del jefe de Estado.
Lo que comenzó como un escándalo familiar ya tiene las características de una crisis política de largo alcance.
