El Concejo de Medellín eligió a Paula Andrea Ortega Escobar como nueva contralora distrital para el periodo 2026–2029 con 15 votos a favor. La abogada asumirá funciones el 23 de octubre, en medio de un proceso observado de cerca por la opinión pública y con tareas inmediatas sobre contratación, grandes proyectos urbanos y finanzas del Distrito.
¿Quién es la nueva contralora?
Ortega Escobar es abogada y especialista en derecho administrativo. Viene de la Contraloría Distrital de Medellín, donde ha sido funcionaria de carrera en cargos técnicos desde 2016, experiencia que pesó en su puntaje del concurso y en la votación final del Concejo.
Cómo fue la elección
La sesión plenaria dejó 15 votos a favor de Ortega y 7 concejales que no votaron. La decisión se dio tras el concurso de méritos y la terna presentada al cabildo. Fuentes públicas destacaron que recibió apoyo mayoritario en la corporación.
Qué retos tendrá en el corto plazo
- Rigor en contratación pública: auditorías a contratos y convenios de alto impacto social y financiero.
- Seguimiento a empresas del Distrito: especial atención a EPM y entidades descentralizadas por su peso fiscal y reputacional.
- Alertas tempranas: fortalecer mecanismos para detectar riesgos de sobrecostos, fraccionamientos y adiciones antes de que se materialicen hallazgos.
- Participación ciudadana: reactivar veedurías y canales de denuncia con respuesta oportuna, coherente con los planes recientes de descentralización del control fiscal.
Las miradas políticas sobre el proceso
Aunque la elección superó la mayoría simple, el proceso estuvo bajo la lupa por discusiones sobre afinidades políticas y por la correlación de fuerzas en el Concejo. Este contexto exigirá a la nueva contralora independencia técnica, publicación proactiva de metodologías de auditoría y cronogramas, y comunicación clara de sus decisiones.
Lo que sigue
Ortega tomará posesión el 23 de octubre y deberá presentar su plan de vigilancia fiscal para 2026, con prioridades, macroprocesos de auditoría y metas trimestrales. En el arranque, se espera un calendario público de auditorías y un informe de empalme con compromisos verificables.
