En un fallo de gran impacto político, un Tribunal de Bogotá ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) permitir la inscripción de los candidatos del Pacto Histórico en la consulta presidencial. La decisión garantiza la participación de la principal coalición de izquierda en el proceso democrático de cara a las elecciones de 2026.
La controversia
Semanas atrás, la Registraduría y el CNE habían negado el trámite de inscripción a varios precandidatos del Pacto Histórico, alegando supuestos vacíos legales en la conformación de la coalición. Esta medida fue interpretada por líderes progresistas como un intento de excluirlos de la contienda interna y limitar su proyección hacia las presidenciales.
La negativa desató un fuerte debate público sobre el papel de las instituciones electorales y la necesidad de garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas.
El fallo del Tribunal
El Tribunal consideró que impedir la inscripción vulneraba derechos fundamentales como la participación política, la igualdad electoral y el principio democrático. Por ello, ordenó habilitar de inmediato el registro de los aspirantes del Pacto Histórico para que puedan competir en la consulta presidencial.
Con este pronunciamiento, se reconoce la legitimidad de la coalición progresista y se elimina el riesgo de que quedara por fuera del proceso electoral en una etapa clave de definición de candidaturas.
Reacciones
Dirigentes del Pacto Histórico celebraron el fallo como una victoria de la democracia y un triunfo de las garantías electorales. Señalaron que ahora podrán concentrarse en construir propuestas y recorrer el país sin la incertidumbre jurídica que había generado el CNE.
Desde sectores opositores, en cambio, se cuestiona que la justicia interfiera en decisiones de organismos electorales, aunque reconocen que el fallo es de obligatorio cumplimiento.
