La memoria no se borra con discursos
En una jugada que sacudió el panorama político, un congresista colombiano viajó a Estados Unidos para solicitar al gobierno norteamericano que incluya al M-19 en la lista de grupos terroristas.
Su argumento es claro: no se puede reescribir la historia ni blanquear los crímenes cometidos bajo la bandera de la “revolución”.
La solicitud, que llega en medio de tensiones políticas crecientes, apunta directamente al corazón del actual Gobierno, donde varios de sus principales funcionarios —incluido el propio presidente Gustavo Petro— militaron en esa organización insurgente.
El pasado que muchos quieren enterrar
El M-19 fue responsable de acciones armadas, secuestros, asaltos y del horror del Palacio de Justicia, una de las tragedias más dolorosas del país.
Pero hoy, los herederos políticos de ese movimiento pretenden presentarse como salvadores de la democracia, mientras minimizan los hechos violentos que marcaron una generación.
El congresista denunció ante autoridades estadounidenses que Colombia vive una peligrosa normalización del pasado criminal, en la que antiguos guerrilleros ocupan el poder sin reconocer ni reparar a las víctimas.
La doble moral del progresista
Mientras el Gobierno critica a quienes combatieron al terrorismo en nombre del Estado, calla frente a sus propios orígenes violentos.
El M-19, con sus alianzas, secuestros y atentados, no fue un movimiento romántico ni libertador; fue una organización armada que sembró miedo, y cuya herencia ideológica aún impregna la política actual.
Pretender borrar ese pasado con propaganda es una ofensa a las víctimas y una burla a la justicia histórica.
Que un congresista haya tenido que ir hasta Washington para buscar justicia simbólica dice mucho del momento que vive Colombia.
Mientras el oficialismo se aferra a su relato, la verdad sigue esperando reconocimiento.
El M-19 fue y seguirá siendo una organización terrorista, y ningún relato político podrá transformar el dolor en virtud.
